Libros

El subsistema fronterizo argentino
Autor: Claus, Waldemar
Responsable: Claus Waldemar , Luciana Ghiberto y Pablo Spekuljak ; coordinado por Gustavo Gonzalez
El subsistema fronterizo argentino

El presente libro tiene como principal objetivo generar, en clave exploratoria, una aproximación a los procesos de articulación existentes entre los mercados ilegales y el subsistema fronterizo argentino. A partir de la construcción de datos provenientes de fuentes hemerográficas nacionales,…
Resp. Claus Waldemar , Luciana Ghiberto y Pablo Spekuljak ; coordinado por Gustavo Gonzalez
Fecha: 2017

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La inflación punitiva
Autor: Sozzo, Máximo
Responsable: Máximo Sozzo
La inflación punitiva

Este libro nace de una investigación que se plantea el ambicioso objetivo de contribuir a comprender las divergencias y convergencias en las políticas penales en América Latina a través de la exploración de ocho contextos nacionales –México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y…
Resp. Máximo Sozzo
Fecha: 2017

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Manual de aplicación de normas penales ambientales y del régimen especial de Galápagos
Autor: Rivadeneira, Silvana
Responsable: Silvana Rivadeneira
Manual de aplicación de normas penales ambientales y del régimen especial de Galápagos

El presente Manual de Aplicación de Normas Penales Ambientales y del Régimen Especial de Galápagos se levanta sobre una base, fundamentada en los cuerpos legales, tratados, doctrina, convenios internacionales y jurisprudencia, cuya metodología rebasa los moldes esquemáticos y va más allá del mero…
Resp. Silvana Rivadeneira
Fecha: 2005

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¿Es legítima la criminalización de la protesta social?

Este libro es uno de los frutos que produjo un proyecto de investigación llevado a cabo por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. El proyecto pudo llevarse adelante gracias al apoyo financiero de la…

Resp. compilado por Eduardo Bertoni
Fecha: 2010

Introducción

Autor: Bertoni, Eduardo, Resumen
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la regla general es que, por lo menos "en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público".

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Argentina

Autor: Zaffaroni, E. Raúl, Resumen
En los últimos lustros, y como consecuencia de la crisis del modelo de estado social (de bienestar o providente) que padece el mundo por las imposiciones de un creciente autoritarismo económico planetario montado sobre la globalización (y en ocasiones confundido con ella), se producen protestas o reclamos públicos de derechos, que asumen diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar intensidad. En nuestro medio han llamado especialmente la atención los reclamos mediante cortes de rutas y las manifestaciones y reuniones públicas que obstaculizan el tránsito vehicular. Aunque suele considerarse que se trata de un fenómeno nuevo, el reclamo de derechos por vías no institucionales y en ocasiones en los límites de la legalidad dista muchísimo de ser una novedad.

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Bolivia

Autor: Rodríguez Veltzé, Eduardo, Rojas Tudela, Farit L. Resumen
La criminalización de la incitación o inducción a la comisión de un delito está prevista en el Código Penal boliviano entre los delitos que afectan la tranquilidad pública. La sanción prevista se agrava si la instigación se refiere a un delito contra la Seguridad del Estado. El capítulo respectivo comprende también otros tipos penales afines como la apología pública de un delito, la organización criminal, el terrorismo y los desórdenes o perturbaciones públicas.

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Colombia

Autor: Uprimny, Rodrigo, Sánchez Duque, Luz María Resumen
Una de las apuestas de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991 fue romper con la tradición del Estado de sitio que operó casi de modo permanente durante la segunda mitad del siglo XX1. Bajo su amparo, las graves restricciones o incluso las suspensiones totales de los derechos individuales y la represión de la protesta social se convirtieron en rasgos característicos de la vida política. Protestar en tal contexto era un delito, no un derecho. En efecto, el artículo 1 del decreto 2195 de 1976 expedido por el gobierno de Alfonso López Michelsen disponía: "Quienes reunidos perturben el pacífico desarrollo de las actividades sociales; realicen reuniones públicas sin el cumplimiento de los requisitos legales; (...) ejecuten o coloquen escritos ultrajantes en lugar público o abierto al público (...) incurrirán en arresto inconmutable hasta de ciento ochenta días".

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Chile

Autor: Cox, Francisco, Resumen
Según el informe anual de Carabineros de Chile, en el año 2008 el total de aprehendidos en el país por motivo de la comisión del delito de desórdenes públicos fue de 17.6731. No obstante este alto número de personas detenidas por Carabineros los autores nacionales han ignorado el tema de una manera incomprensible. En los tratados o manuales dedicados a la parte especial de derecho penal en Chile solo dos autores hacen referencias menores a los desórdenes públicos, Gustavo Labatut y Alfred Etcheberry, destinando cada uno dos párrafos al delito. En tanto que el resto de los autores ni una sola línea destinan al tema.

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Ecuador

Autor: Salazar Marín, Daniela, Resumen
Ecuador es una de las democracias más frágiles de América Latina. Desde el año 1996, ninguno de los Presidentes constitucionales elegidos por voto popular ha logrado terminar su mandato. En este contexto, resulta relevante analizar cómo el Estado ecuatoriano está garantizando aquellos derechos que son esenciales para el funcionamiento de una democracia, como el derecho a la libertad de expresión. El presente estudio se enfocará en una parte fundamental del derecho a la libertad de expresión, como es el derecho a la protesta pacífica.

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México

Autor: Rábago Dorbecker, Miguel, Resumen
Para comprender la reciente escalada de la conflictividad social y, por ende, del uso selectivo del derecho penal para sofocar a la protesta social, primero hay que contextualizar la actual realidad mexicana. Inmersa en un incipiente y muy insatisfactorio proceso de transición política de un régimen autoritario de dominación electoral del Partido Revolucionario Institucional, la sociedad mexicana ha optado en un primer momento por el robustecimiento del sistema electoral y una activa participación en él, como centro del cambio político. Sin embargo, el sistema de administración de justicia ha sido relegado a un término mucho menos importante que las reformas estructurales en materia electoral y de liberalización de la economía.

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Nicaragua

Autor: Valle Orozco, Dayra Karina, Resumen
El documento que a continuación se presenta es un esfuerzo por abordar la criminalización de la protesta social en Nicaragua y los conflictos que esto puede generar en contraposición con el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, pilar fundamental en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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Perú

Autor: Gamarra Herrera, Ronald, Resumen
En el contexto peruano, la libertad de expresión y los derechos y libertades conexos se han visto particularmente amenazados por la criminalización de la protesta social. Es decir, la creciente tensión entre el ejercicio democrático de los derechos de libertad de expresión canalizados a través de las libertades de reunión, asociación y protesta para reivindicar legítimas demandas que sectores de la población civil sienten vulneradas vis a vis la represión penal de conductas que supuestamente encajarían como delitos atentatorios contra el orden público y aquellas que encajarían como criminalización de la protesta social.

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Venezuela

Autor: Ayala Corao, Carlos, Resumen
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a manifestar en el artículo 68, en los siguientes términos: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".

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Informe I

Resumen
Los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos.

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Informe II

Resumen
En un Estado de derecho existen límites jurídicos para considerar que una conducta puede ser merecedora de pena y sólo el respeto a esos límites, enunciados generalmente en forma de principios, permite a un Estado desplegar un proceso contra un individuo y, en última instancia, imponerle un castigo. Entre la concepción misma del poder de Estado y su manifestación a través del poder penal existe una relación estrecha, que aun con las dificultades referidas a la determinación de su contenido preciso, hace evidente que el Estado de derecho se caracteriza, al menos, por garantizar la seguridad de los ciudadanos, mediante una vinculación de la actuación del Estado a normas y principios jurídicos de justicia conocidos de tal manera que los mismos resulten en todo caso comprensibles.

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Módulos para capacitación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado y UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas tienen un punto fundamental de encuentro en sus propósitos institucionales: garantizar y promover los derechos de las personas en general, y de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en particular, ya que constituyen…

Resp. Irene Pesántez Calle
Fecha: [fecha de publicación no identificada]

Introducción

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Argentina

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Bolivia

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Colombia

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Chile

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Ecuador

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México

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Nicaragua

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Perú

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Venezuela

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Informe I

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